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En los últimos años se ha instalado una narrativa tan peligrosa como profundamente equivocada: la idea de que quienes generan riqueza son una amenaza para la sociedad. Empresarios, emprendedores, inversores o autónomos han pasado a ser vistos con sospecha, casi como culpables por defecto. Pero lo cierto es que el verdadero peligro no proviene de ellos, sino de quienes buscan destruir aquello que otros han creado.
A lo largo de la historia, las grandes transformaciones económicas, científicas y sociales han surgido de la iniciativa individual: de personas que arriesgan, que innovan, que se equivocan y vuelven a intentarlo. Ese impulso creador es el que ha permitido a los países avanzar, mejorar su productividad y elevar el bienestar general. Sin embargo, paradójicamente, vivimos en un tiempo en el que ese motor de progreso se ve cada vez más asediado por aquellos que deberían estar protegiéndolo.
Los Estados se han vuelto más grandes, más voraces y más ineficientes. En vez de facilitar la actividad económica, la entorpecen. En lugar de reducir cargas, las multiplican. Politicos que jamás han creado una empresa se sienten legitimados para regular todos los aspectos de la vida económica. Imponen impuestos crecientes, sanciones arbitrarias y un entramado burocrático que convierte cualquier iniciativa en una carrera de obstáculos. Han conseguido instalar la idea de que generar riqueza debe ser motivo de culpa, cuando en realidad es la base misma de la prosperidad.
Se habla mucho de desigualdad, pero muy poco de oportunidades. Y sin libertad para emprender, invertir y competir, esas oportunidades simplemente desaparecen. No puede haber progreso económico cuando la iniciativa privada se demoniza, cuando la creatividad se castiga o cuando el éxito se convierte en sospechoso.
El empresario, el inversor o el profesional que se esfuerza no son el problema; son parte esencial de la solución. El verdadero peligro está en los burócratas que jamás han producido valor alguno, pero pretenden decidir cómo deben vivir, trabajar y pensar millones de ciudadanos. El intervencionismo desmedido no solo frena el crecimiento, sino que asfixia la movilidad social y perpetúa la pobreza.
La historia es clara: cuando la política se convierte en un obstáculo para la prosperidad, el resultado siempre es el mismo. La riqueza se destruye, la inversión huye y la sociedad entera empobrece. Todos, salvo una excepción: los propios políticos, que nunca pagan el precio de sus errores.
Si queremos defender la libertad, el crecimiento y la dignidad del esfuerzo, es necesario señalar dónde está realmente el peligro. Y no es en quien crea riqueza, sino en quien se empeña en destruirla.


